El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano, que consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra.
El funcionario no podía abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este procedimiento.
El juicio de residencia tuvo en la administración del Virreinato del Perú una gran importancia, y comprendía a toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidentes de Audiencia, gobernadores, hasta alcaldes y alguaciles.
Todos los virreyes debían pasar un juicio de residencia antes de que tomara posesión del cargo su sucesor, y no podían regresar a España hasta concluir éste.
En el proceso se analizaba el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas a lo largo de su mandato y durante seis meses se investigaba su labor, reuniendo numerosa información a través de diferentes testigos.
Toda autoridad que terminaba de ejercer su cargo debía ser sometida al juicio de residencia, es decir, las autoridades no se podían mover de su lugar físico mientras duraba la investigación con relación a su desempeño.
El juicio era sumario y público.
Con el fin del Virreinato del Perú, terminó también esta buena práctica, lo que dio lugar a un aumento significativo de la corrupción en los ya más de 200 años del período republicano.
Con la actual corrupción generalizada en Perú y Latinoamérica se impone el restablecimiento de los juicios de residencia, la buena práctica que se aplicó en el Virreinato del Perú.
Los casi 3 siglos del período virreinal fueron la época de oro del Perú,
