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| La Catástrofe Peruana: El Primer Gobierno de Alan García Pérez 1985/1990 |
El primer gobierno de Alan García Pérez, empezó el 28 de julio de 1985 y culminó el 28 de julio de 1990.
Alan García dio un mensaje a la nación que duró casi dos horas, en éste anunció medidas anticorrupción, la reorganización de las fuerzas policiales, la eliminación de exoneraciones tributarias a las compañías petroleras que operaban en el país y la formación de una comisión de paz para iniciar una amnistía.
También reafirmó su voluntad de no dialogar con el Fondo Monetario Internacional y adelantó que se amortizaría la deuda externa de 14 mil millones de dólares sólo con el 10 % de las exportaciones.
En los primeros días del gobierno, el ministro de economía, Luis Alva Castro anunció que se cancelaría la deuda externa que ascendía a 14 mil millones de dólares "sin sacrificar más al pueblo y sin aceptar las condiciones propuestas por el Fondo Monetario Internacional".
En un comienzo, las medidas adoptadas dieron resultados positivos. Ya en septiembre de 1985, la inflación bajó a 3,5 % (comparado con 12,5 % en abril del mismo año). Hacia el segundo trimestre de 1986, la economía dio señales de clara recuperación. Los sectores que dependían de la demanda interna (manufactura, construcción, agricultura) crecieron, no así los sectores dedicados a la exportación (minería, pesca).
En 1986, la economía creció 10 %. Fue el mayor crecimiento desde los años 50, con ello García disfruto entonces de una popularidad récord en América Latina. Cuando la capacidad de gasto del estado fue agotada entonces comenzaron múltiples problemas.
El primer problema fue que a pesar de la reactivación económica, el Estado casi no percibía mayores ingresos.
Otro problema consistía en que, después del gran crecimiento de 1986, la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites. Hacían falta inversiones para instalar nuevas capacidades y así continuar con la reactivación. Para ello, era necesario recurrir a inversiones y préstamos extranjeros.
La poca confianza de la ciudadanía en las políticas económicas del Gobierno condujo a que, hacia fines de 1986, muchos cambiaron sus intis por dólares temiendo - y, al mismo tiempo, originando - una devaluación del inti.
El paquete de medidas adoptadas por García incluía el congelamiento del tipo de cambio inti-dólar. Pero tal congelamiento tendía a ser artificial en tanto la demanda real de intis iba perdiendo cada vez más terreno frente al dólar. Este cambio se vio reflejado en la tasa de cambio libre, aquella de los cambistas de la calle, paralela al cambio oficial.
En 1987, el peligro de una crisis en la balanza de pagos y en las reservas internacionales era evidente. Sin embargo, el Estado Peruano siguió confiando en un crecimiento económico rápido hasta 1988. Al mismo tiempo, tuvieron que aceptar la devaluación del inti, la subida de sueldos y de precios .
En líneas generales, la política económica del Estado Peruano empezó a caer en contradicciones.
Por un lado, el Gobierno buscaba el contacto directo con los empresarios importantes (llamados los doce apóstoles) con el fin de persuadirlos a invertir en el desarrollo de la capacidad productiva. Por otro lado y en su necesidad de aumentar los ingresos del Estado, supuestamente obligó, a comienzos de 1987, a las empresas a prestarle dinero al Estado.
En concreto, las empresas fueron forzadas a comprarle al Estado Peruano bonos obligatorios por un valor que llegaba hasta el 30% de las utilidades brutas que las empresas habían obtenido en 1986. Con esta medida, el Gobierno provocó airadas reacciones en el sector empresarial. Al poco tiempo, algunas empresas fueron exoneradas del pago obligatorio y finalmente el programa fue cancelado.
Este tipo de marchas y contramarchas, de reacciones sobre hechos ya consumados, de pasividad frente a los peligros venideros contribuyeron a la percepción de que la política económica del Gobierno estaba siendo improvisada y, sobre todo, perdiendo el control. La situación se agudizó con la renuncia, en junio de 1987, del Ministro de Economía Luis Alva Castro.
El punto de ruptura de su Gobierno fue la intención de estatizar la banca como una forma de controlar la inflación que, a esas alturas (28 de julio de 1987), ya resultaba agobiante. En efecto, los indicadores económicos señalan que el Perú, durante su mandato, llegó a sufrir una hiperinflación de 1 722,3% en 1988 y 2 775% en 1989.
La medida fue anunciada el 28 de julio de 1987 en el tradicional mensaje a la nación. García explicó su medida con las desigualdades sociales y económicas en el Perú. Ya en 1982 había publicado un libro (El futuro diferente) en el que criticaba a los bancos privados por excluir del sistema de créditos a los sectores informales, campesinos así como las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Según la política económica del Gobierno, era necesario “democratizar” el crédito y, dado que el sector privado no estaba dispuesto a asumir esa tarea, el Estado debía tomar las riendas. Pese a ello el Congreso de la República del Perú no aprobó la medida
Al finalizar el año 1987, la crisis ya era evidente: La inflación empezó a galopar (114,5 % en diciembre del 1987), la producción - y, por consiguiente, la reactivación económica - se había estancado y la balanza de pagos tuvo, en 1987, un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Consecuentemente, las reservas internacionales siguieron decayendo. A falta de dólares, el Banco Central se vio atado de manos en el control de la tasa de cambio (una demanda creciente de dólares se puede contrarrestar poniendo en circulación los dólares ahorrados).
Obligado por las circunstancias a un cambio de rumbo, el gobierno recurrió, a fines de 1987, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM) en busca de préstamos. El experimento heterodoxo había llegado a su fin. En octubre de 1987, el gobierno procedió a devaluar el inti en 24 %. Los llamados paquetazos siguieron dándose, de forma periódica, hasta septiembre de 1988, llevando a una gran recesión económica. Pero García seguía sin aceptar la necesidad de una línea clara.
El equipo económico de García -presidido por Gustavo Saberbein- intentaba persuadir a García de la necesidad de un shock ortodoxo: Déficit cero a través de aumentos fuertísimos de impuestos y tarifas y la eliminación de subsidios. Pero García, temiendo el costo político de tal decisión, sólo accedió a un camino medio sin resolver el problema de fondo: Un Estado en bancarrota (déficit fiscal) y una economía que importaba más de lo que exportaba (déficit comercial).
Los resultados están en la memoria colectiva de todos los peruanos: Inflación a niveles astronómicos, escasez de alimentos y otros productos básicos y el derrumbe de la aprobación de Alan García.
Fue recién hacia fines de 1988 que García se convenció de la necesidad de una “guerra frontal” contra la crisis económica. El nuevo Ministro de Economía y Finanzas, Abel Salinas, tuvo la ingrata tarea de anunciar, ahora sí, el shock económico, el seis de septiembre de 1988.
El plan, denominado Plan Cero, contribuyó a generar una inflación aún mucho mayor, sobre todo en relación con los productos importados. Así, por ejemplo, el precio de los productos farmacéuticos subió 600 % y el de la gasolina 400 %. Además, se eliminó el sistema del control de precios con excepción de 42 productos básicos.
Las esperanzas del APRA estaban ahora cifradas en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si bien hubo conversaciones, el Perú no llegó a recibir préstamos. Ello se debió, también, a que el Perú aún adeudaba 600 millones de dólares al FMI y 400 millones al Banco Mundial.
A partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en lo que los economistas denominan hiperinflación. Ese mes, los precios subieron 114 %. Fue el mes con mayor inflación en el gobierno de García y, probablemente, en la historia del Perú. Y el shock parecía llegar muy tarde. En todo caso, no pudo controlar la inflación.
Un largo paro en la industria minera contribuyó a que las exportaciones cayeran aún más agravando así el déficit comercial.
Las reservas internacionales, por su parte, se aproximaban a cero.
El 22 de noviembre de 1988, García lanzo otro “paquete” con medidas muy similares. Al mismo tiempo, Abel Salinas presentó su renuncia por discrepancias con García.
El aumento del desempleo y la caída drástica de ingresos fue el costo social del desastre económico provocando el surgimiento de un sector informal de proporciones nunca antes visto. Además, el Estado en bancarrota ya no pudo cumplir con sus obligaciones en materia de asistencia social, educación, salud y administración de justicia.
Los años 1989 y 1990 pueden ser narrados de forma breve, pues no se produjeron cambios sustanciales. La economía se recuperó levemente y las reservas internacionales también. Las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, sobre todo por el aumento de precio de los productos mineros en el mercado internacional.
Bajo el mando del nuevo Ministro de Economía, César Vásquez Bazán, la inflación cayó, pero no de forma sustancial. La tasa anual de inflación fue de 3398.6% en 1989.
Los últimos meses de 1989 fueron usados en gastar las magras reservas internacionales para reactivar en algo la economía en vista de las prontas elecciones. Así, en marzo de 1990, las reservas internacionales eran de apenas 190 millones de dólares.
Por otro lado, la actividad terrorista se había iniciado durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, pero alcanzó los picos más altos de violencia en los años de 1986 y 1988.
Durante el gobierno de Alan García, junto a la violencia subversiva, que costó miles de vidas, se realizaron actos de represión militar, como la de la matanza de las prisiones y la masacre de decenas de campesinos en el pueblo ayacuchano de Cayara en 1988. Aunque inicialmente Alan García mostró interés en frenar las violaciones a los derechos humanos, tras el incidente de los penales, permitió que continuase la violencia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas y se formaron escuadrones de la muerte (Comando Rodrigo Franco), los que amedrentaron a sospechosos de terrorismo y a críticos de la política antiterrorista.
A partir de 1988 y 1989 los grupos terroristas intensificaron su ola de atentados en Lima y varias otras ciudades frente a la impotencia gubernamental.
La controversia se volvió a dar cuando a menos de veinte días de la transferencia al nuevo gobierno, Víctor Polay, "Comandante Rolando" y 47 militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru lograron fugar del penal de "máxima seguridad" Miguel Castro Castro a través de un túnel de 330 metros construido desde fuera del penal. La construcción no contaba con conexiones de agua ni desagüe, instalaciones de servicios de alumbrado y tampoco un respiradero que facilitaría el trabajo operativo.
Más allá del hecho mismo, la repercusión obtenida por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a nivel nacional e internacional, constituyó un duro cuestionamiento no sólo a la estrategia antisubversiva del Gobierno Peruano, sino también a la capacidad operativa de las autoridades policiales y penales del pais.
La oposición al gobierno creció significativamente desde el intento de estatización de la banca, una medida que fue sumamente impopular y disparó un enérgico movimiento de protesta de la derecha encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, este movimiento finalmente evolucionaría en la alianza política FREDEMO (que incluía al Partido Popular Cristiano, Acción Popular y al Movimiento Libertad) que postuló sin éxito en las elecciones de 1990 con Vargas Llosa como candidato presidencial.
En su último mensaje a la nación, el 28 de julio de 1990, el Congreso, no le permitió hablar interrumpiéndolo constantemente mediante carpetazos y pifias.
La inestabilidad económica y terrorismo provocaron el descontento de la población peruana, que en las elecciones de 1990 eligió como Presidente a Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa, alguien completamente diferente a Alan García. (Datos: Wikipedia)
Con la reforma policial Alan García eliminó a la prestigiada Guardia Civil del Perú para crear un defectuoso conglomerado policial. Desde esa medida la delincuencia creció sin control hasta nuestros días.
