Francisco Álvarez de Toledo (Oropesa, 1515 - Escalona, 1582) fue un aristócrata y militar del Reino de España, que fue el quinto Virrey del Perú.
Ocupó dicho cargo desde el 30 de noviembre de 1569 hasta el 1º de mayo de 1581, un total de once años y cinco meses.
Si bien para la mayoría de los historiadores fue el más importante de los virreyes del Perú y ha sido elogiado como el “supremo organizador” del inmenso virreinato, por darle una adecuada estructura legal y afianzar importantes instituciones indígenas, en torno a las cuales giró la administración del país durante doscientos años, para otros fue el gran tirano de los indios por haber conservado la mita minera del Imperio Inca y haber ejecutado al último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I.
El virrey Álvarez de Toledo emprendió una vasta tarea de organización y, basado en un severo y permanente ejercicio de la autoridad, consiguió darle adecuada estructura legal al Virreinato del Perú.
Su labor supuso el afianzamiento de importantes instituciones, en torno a las cuales giraría la administración del país durante todos los sucesivos virreyes que le continuaron durante la dinastía de la Casa de Habsburgo y hasta las reformas del siglo XVIII que emprendiera la nueva dinastía de Borbón.
Álvarez de Toledo aseguró la sujeción del Perú al rey Felipe II.
La visita general que realizó en el Perú entre 1570-1575 permitió a Álvarez de Toledo conocer la realidad del país. Adonde no pudo ir envió a visitadores que tomaron nota de la situación y le enviaron sus informes. En base de todo ello revisó las anteriores ordenanzas, las complementó y dio otras nuevas.
En el año 1573, el virrey Toledo promulgó las "Ordenanzas del Perú para un buen gobierno". Este conjunto normativo tuvo una importancia trascendental en la historia del Perú virreinal. Todo esta construcción legal se basaba en que el virrey era el centro de la administración del virreinato, quien era poseedor de un poder absoluto y actuaba como el único representante del rey de España.
Estas ordenanzas, conocidas también como "Ordenanzas de Toledo", que fueron redactadas por los juristas Juan de Matienzo y Juan Polo de Ondegardo, reglamentaron todo aspecto de la vida virreinal: vida de las ciudades, cabildos, impuestos, administración de justicia, trabajo agrícola, minería, comercio, defensa.
En la ordenanzas se articulaba minuciosamente la vida cívica, laboral, pública y hasta aspectos de la vida privada de la población nativa, a fin de coordinar su desarrollo con la fórmula estatal implantada por la corona española.
Es importante destacar que con el propósito de que ese sistema normativo no se apartara de las costumbres tradicionales, Toledo cuidó de recoger de boca de los ancianos sobrevivientes de la época inca informes acerca del régimen gubernativo imperante bajo el dominio incaico, noticias que a su vez fueron sistematizadas en forma de una historia por el cronista Sarmiento de Gamboa.
Álvarez de Toledo envió asimismo a sesenta visitadores a todo el país, tarea que fue emprendida por personas de dilatados conocimientos y experiencia.
Enfocó con acierto el problema de la perpetuidad de las encomiendas. La discusión era si se debía o no dar a perpetuidad las encomiendas a los conquistadores y a sus descendientes, tema que se tocó en la Junta Magna de 1568 realizada en España, reunión donde se discutió sobre la mejor manera de administrar los virreinatos americanos y donde Álvarez de Toledo fue nombrado virrey del Perú.
Álvarez de Toledo aconsejó al rey, inspirándose en las resoluciones del conde de Nieva, su antecesor en el Virreinato, en ceder solo algunas encomiendas a perpetuidad, las demás debían volver a la corona tras la muerte del encomendero o se darían por una o dos generaciones más. A pesar de la insistencia de los encomenderos, la Corona se mostró siempre reacia a dar encomiendas a perpetuidad, pues temía que el encomendero obtuviera un poder local que amenazara a la metrópoli, como sucedió años antes.
El tema de las encomiendas nunca sería resuelto; en 1592, Felipe II suspendería toda polémica sobre dicho asunto. Problema estrechamente relacionado fue el de si se debían repartir las tierras entre los indios, lo cual fue rechazado de plano en dicha junta. Ya en el Perú, Álvarez de Toledo comprobó la magnitud del problema de la tierra: al repartirse los españoles las mejores tierras de cultivo, dejaban las menos productivas a los indios o los obligaban a emigrar. Todo ello, sumado a que la mita y el servicio personal restaban muchos brazos a la agricultura, así como la obligación del pago del tributo, sometieron a gran parte de la población indígena a una situación de pobreza extrema.
El virrey, hábil estadista y mejor administrador, se ocupó del ordenamiento demográfico del Perú. Su política se basó en la concentración de la población indígena en lugares estratégicos del territorio, combinando así las necesidades mercantilistas en boga.
A través de esta acertada planificación de la demografía poblacional obligó a los indios a vivir en reducciones, es decir en poblaciones de aborígenes con plaza mayor, iglesia, cabildo y solares propios.
Hasta entonces la población indígena vivía dispersa en el territorio y dicha medida facilitaba la labor de los sacerdotes y las autoridades en general pero conspiraba con una organización social que se adecuara a las necesidades del nuevo virreinato y a las políticas públicas.
Las reducciones habían sido ya recomendadas por la Real Audiencia de Lima en octubre de 1549 y dispuestas por real cédula del 21 de marzo de 1551.
El anterior Virrey había reducido 563 poblados antiguos a solo 40.
Álvarez de Toledo acometió con mayor empeño tal tarea y creó la “República de indios”, reducciones de núcleos urbanos de más o menos 400 familias de naturales, con instituciones propias que contaron con el apoyo de los curacas y que fueron diseñadas especialmente para satisfacer la idiosincrasia indígena, que, si bien armonizaban con el resto de las instituciones indigenas, presentaban características particulares de acuerdo a los usos, costumbres, necesidades y estilos políticos, sociales y económicos prehispánicos.
La "República de indios" convivió con el sistema implementado para la "República de españoles".
Sin embargo, en algunos casos, al ser concentrados los indios en poblados y divididas las tierras en torno a nuevos linderos, se alteró profundamente el sistema tradicional de control de pisos ecológicos. Muchas tierras antes cultivadas fueron abandonadas por los indios y los españoles se apoderaron de ellas.
En carta al monarca Felipe II escribió el virrey: La mayor fuerza que para su seguridad acá se entiende, es que haya muchos pueblos, porque las casas y las raíces que en estos sitios tienen los pobladores, les hace desear la paz y la quietud... No se pueden gobernar estos naturales sin que los caciques sean los instrumentos de la ejecución, así en lo temporal como en lo espiritual, ni hay cosa que más pueda con ellos para el bien y el mal... Es necesario que estos caciques sean buenos, para que con su ejemplo se le pegue el bien, pues puede más una palabra destos para que dejen sus ídolos y otras maldades, que cien sermones de religiosos.
Reglamentó la mita, antiguo sistema de trabajo obligatorio por turnos que los incas implementaron para la construcción de obras públicas y que los españoles reimplantaron transformando su sentido original. Bajo los incas, el mitayo o trabajador indígena recibía la manutención del Estado y la retribución en bienes; en cambio, los españoles fijaron para cada mitayo un salario irrisorio, sumándose esta pesada carga laboral al tributo que el indio debía pagar al encomendero.
De acuerdo a lo dispuesto por las ordenanzas, los pueblos indígenas debían proveer un número de trabajadores para la construcción de puentes, caminos y edificios administrativos y religiosos; para el mantenimiento de tambos o posadas; y para industrias tales como la extracción de minerales, las fábricas de paños (obrajes) y aun las estancias. Las más odiadas por los indios fueron la mita minera y la obrajera.
Reglamentó la recolección del tributo indígena, exigiendo que el pago fuera hecho en moneda, pese a lo cual los indios siguieron pagando en especie. Estaban obligados a pagarlo los individuos de 18 hasta los 50 años, pero ambos extremos fueron arbitrariamente ampliados por los encomenderos, corregidores y caciques a quienes correspondía efectuar la cobranza, a fin de mantener así el rendimiento de la renta.
Se produjo un auge de la minería, tanto por la mano de obra que la mita proveyó a las minas, como por la inclusión de la técnica de amalgama en el refinamiento de la plata que permitió incrementar considerablemente los volúmenes de producción. Incorporó las minas de azogue de Huancavelica a la Corona, debido a lo fundamental que era dicho metal en la amalgama. Es el llamado estanco por el cual el estado arrendaba tales minas a los mineros.
El mayor éxito que logró fue el resurgimiento del Cerro de Potosí, que fue explotado utilizando el tradicional sistema del Incario, y en una década, quintuplicó la producción del mineral de plata de doscientos mil pesos anuales hasta más de un millón de pesos.
Junto con el desarrollo de la minería, en especial la explotación de la plata, el virrey Álvarez de Toledo atendió los reclamos del sector y de los comerciantes vinculados con el Cerro Rico de Potosí respecto de la necesidad de contar con un establecimiento o "Casa de fundición y de Moneda".
La construcción de la Casa de Moneda de Potosí comenzó en 1572 –en ocasión de la visita de inspección que el virrey efectuara a aquella ciudad altoperuana– y que finalizó en 1575.
Realizó importantes obras de mejoramiento urbanístico en varios lugares, beneficiando a las ciudades con la edificación o restauración de sus casas de cabildos, hospitales, iglesias y cárceles, así como se preocupó por la provisión de agua, tanto en el Cuzco, como en Lima; en esta última culminó la obra que ya había iniciado el virrey conde de Nieva, con la llegada del agua al surtidor de la Plaza Mayor, lo que constituyó todo un acontecimiento.
Dirigió la recolección de informaciones sobre el Imperio Incaico, de la que se encargaron Juan Polo de Ondegardo y Pedro Sarmiento de Gamboa, con el propósito de discutir la legitimidad del señorío inca. Su intención era demostrar que el gobierno de los incas había sido una tiranía impuesta al resto de los pueblos y que por lo tanto la conquista española estaba justificada. Polo de Ondegardo escribió una Relación del linaje de los incas y como ellos extendieron sus conquistas, y Sarmiento de Gamboa redactó una Historia Índica.
Ellos iniciaron la tradición de los llamados cronistas toledanos. El mismo virrey interrogó en sus viajes a los curacas, quipucamayocs y nobles incas y como resultado de ello redactó un “Informe” para el rey. También encargó confeccionar unos lienzos y tapices donde se fijasen los hechos más importantes de la historia de los incas, sus ídolos, la traza de sus templos y otros datos de interés, trabajo que se encomendó a los artífices indios más expertos. Estos paños, así como el “Informe” del virrey y la segunda parte de la Historia Índica de Sarmiento –referente a la historia de los incas– fueron enviados al rey en 1572, siendo portador del encargo don Gerónimo de Pacheco.
Todos estos informes, relatos, documentos e ilustraciones han sido de gran valor para el estudio del Incario.
El consumo de las hojas de la coca por parte de los indios había llegado a tal extremo que se veían manadas de llamas cargadas con cestos de coca. La Iglesia condenó su uso pues lo relacionó con las antiguas prácticas idolátricas. Pero los españoles notaron que los indios rendían más en el trabajo luego del acto de “chacchar” (masticar) las hojas de coca y permitieron por ende su uso. Álvarez de Toledo creyó conciliar los opuestos puntos de vista mediante la reglamentación de su cultivo y comercio.
Instaló el Tribunal de la Inquisición de Lima, creado por real cédula de Felipe II en 1569. Era una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición española. Por recomendación de Álvarez de Toledo, fueron nombrados como primeros inquisidores de Lima el doctor Andrés de Bustamante y el licenciado Serván de Cerezuela. El primero falleció en pleno viaje, cerca de Panamá. Con la sola presencia de Cerezuela, el 29 de enero de 1570 fue establecido en Lima el Tribunal de la Inquisición, mediante acto solemne, realizado en la Catedral, con asistencia de las principales autoridades civiles y eclesiásticas. El tribunal tuvo a su cargo vigilar y sancionar las faltas graves contra la fe y los mandamientos, incluyendo vigilar la prohibición de la lectura y difusión de los libros incluidos en el Index de la Iglesia. Contaba para esto con un sistema de alguaciles e informantes. Los indios estaban fuera de su jurisdicción. El primer auto de fe se realizó el 15 de noviembre de 1573, oportunidad en que fue quemado Mateo Salado, un francés luterano acusado de blasfemia y herejía. Un segundo auto de fe se realizó el 13 de abril de 1578, siendo ejecutado el fraile dominico Francisco de la Cruz, quien dirigía al parecer una conjura de religiosos opuestos al gobierno.
Instaló el Tribunal de la Santa Cruzada, en 1574, creado para cautelar la publicación de la Bula de Cruzada y la recaudación de las limosnas previstas en ella; bien para hacer la guerra contra los infieles de África, bien como penitencia o caridad para los hospitales u otra obra pía. A cambio de éstas eran dispensados los fieles de la abstinencia o el ayuno impuestos por la Iglesia.
El 24 de agosto de 1556, el anterior Virrey, Lope García de Castro había firmado con el 3° Inca de Vilcabamba, Titu Cusi Yupanqui, el Tratado de Acobamba que acordó la paz entre la corona de Castilla y el reino de Vilcabamba. El rey Felipe II aprobó el acuerdo el 2 de enero de 1569.
El repentino fallecimiento del inca Titu Cusi en 1570, problablemente a causa de una pulmonía, fue fatal para los misioneros agustinos que se establecieron en Vilcabamba tras el tratado y que en su afán de ayudar al inca para sanarlo, le dieron brebajes que los vilcabambinos pensaron era veneno. Los incas culparon al misionero Diego Ortiz, quien fue torturado y ajusticiado. La misma suerte corrieron los españoles y mestizos que se encontraban en Vilcabamba.
Las hostilidades entre españoles e incas comenzaron nuevamente.
La élite buscó un sucesor y fue así que su medio hermano Túpac Amaru empuñó el cetro y se ciñó la mascapaycha a comienzos de 1571.
Los españoles, desconociendo la muerte del anterior inca, habían enviado rutinariamente dos embajadores para continuar con las negociaciones en curso. El último de ellos fue el conquistador Atilano de Anaya quien, tras cruzar el puente de Chuquichaca, fue capturado y ejecutado junto con su escolta por el general inca Curi Paucar.
El crimen fue comunicado por el cura de Amaibamba al virrey Francisco Álvarez de Toledo quien, el 14 de abril de 1572 declaró la guerra al inca de Vilcabamba basando su proceder en la ruptura del acuerdo de paz y en que el inca no había respetado "la inviolable ley de todas las naciones del mundo: el respeto a los embajadores".
Decidido a terminar con ese foco de latente hostilidad, organizó secretamente un ejército que salió de Cuzco bajo el mando de los capitanes Martín Hurtado de Arbieto y Juan Álvarez Maldonado al que se le sumó la tribu de los cañaris, enemigos de los incas. Después de una dura lucha con las fuerzas del inca, los españoles ocuparon Vilcabamba, siendo al capitán Martín García de Loyola a quien le correspondió capturar a Túpac Amaru, cuando huía con sus mujeres e hijos.
El joven inca fue llevado al Cuzco y se le inició proceso por orden de Álvarez de Toledo. Se le acusó de rechazar las ofertas de paz, matar a los españoles enviados para negociarla y de ser rebelde y traidor, además de preparar una insurrección general. Fue condenado a muerte, lo que provocó numerosas peticiones de clemencia, tanto de notables indios como de españoles, civiles y religiosos, a las que el virrey no quiso atender.
La sentencia se cumplió el 22 ó 23 de septiembre de 1572 en la Plaza Mayor del Cuzco, ante una multitud que lloró la muerte del inca. Su cabeza fue colocada en una picota, pero cuando la gente empezó a rendirle culto y a creer que la cabeza del inca no se deterioraba, el virrey ordenó que la retiraran. No contento con todo esto, el virrey persiguió a los miembros de la familia imperial cuzqueña para evitar cualquier asomo de reivindicación inca.
Los incas rebeldes extendieron luego el mito del virrey como un gobernante sanguinario, cruel y detestable, frente a la juventud, inocencia y timidez del último descendiente de los reyes incas.
Garcilaso de la Vega, años más tarde, se encargó de amplificar y difundir esta imagen. En realidad, Álvarez de Toledo creía estar cumpliendo su deber de gobernante y por eso actuó sin remordimientos de conciencia.
La Universidad de la Ciudad de los Reyes o Lima había sido fundada por real cédula del rey Carlos I, en 1551 y establecida en 1553 en los claustros del convento de Santo Domingo bajo la dirección de los dominicos, primera orden religiosa que llegara al Perú.
Los primeros años de vida fueron precarios y oscuros, entre otras razones por la escasez de alumnos y la falta de rentas.
Desde su creación hasta 1571 el rector era el prior de la orden dominica. Pero durante este tiempo se fueron sumando profesores de otras órdenes religiosas, clérigos y laicos que tuvieron puntos de vista diversos al de los dominicos.
El virrey Álvarez de Toledo produjo, el 1° de junio de 1571, la primera reforma universitaria, secularizando la universidad al elegirse a un rector laico, el jurista doctor Pedro Fernández de Valenzuela.
Al mismo tiempo los dominicos obtuvieron del papa Pío V el breve Exponi Nobis, dado el 25 de julio de 1571, por el cual la universidad era también Universidad Pontificia. Dicho en otras palabras, mientras que la Universidad de la Ciudad de los Reyes fue Universidad Real estuvo dirigida por los frailes dominicos, en cambio, cuando se transformó en Universidad Real y Pontificia, se laicizó y quedó sometida de manera plena a la autoridad del monarca.
El virrey Álvarez de Toledo instaló sus aulas en un local apropiado, primero en un amplio terreno situado al lado de la Iglesia de San Marcelo, en 1574, y colocó a la universidad bajo el patrocinio del evangelista San Marcos, el 20 de noviembre de 1574, llamándose desde entonces Real y Pontificia Universidad de San Marcos. (datos: Wikipedia)
